Movilidad geográfica laboral

La movilidad geográfica supone una modificación de las condiciones de trabajo, siempre y cuando el empresario no actúe dentro de los márgenes del poder de dirección o “Ius variandi” que ya vimos en el artículo anterior. Es decir, aquellas movilidades que supongan cambio de residencia del trabajador supondrán una “movilidad sustancial” de tal manera que se deberá llevar a cabo respetando el procedimiento establecido en el artículo 40 del Estatuto de los trabajadores; sin embargo, en aquellas movilidades que no supongan cambio de residencia del trabajador, supondrán una “movilidad incidental” y por tanto encuadrada dentro del poder de dirección del empresario.

Dentro de la movilidad sustancial debemos diferenciar dos conceptos muy importantes: traslado y desplazamiento.

¿Qué es el traslado y el desplazamiento?

Se considera traslado cuando el cambio es permanente y, en todo caso, si se prolonga durante un periodo superior a 12 meses en un periodo de referencia de 3 años. Articulo 40.1 ET

Se considera desplazamiento cuando implique que el trabajador tenga que cambiar de residencia de forma temporal sin exigir un cambio de residencia definitivo.  Articulo 40.4 ET.

En ambos casos, se deberán acreditar razones económicas, técnicas organizativas o de producción.

¿Qué procedimiento ha de seguir el empresario en los casos de movilidad geográfica sustancial individual?

El empresario deberá notificar por escrito la decisión del traslado con una antelación mínima de 30 días a la fecha de efectividad al trabajador y a los representantes legales en su caso. En la notificación se deberán especificar las razones económicas, organizativas, productivas o técnicas que den lugar al traslado. Dichas razones deberán estar relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.  Además, en caso de traslado, el empresario deberá abonar al trabajador una compensación por gastos incluyendo las de su familia.

En el caso de que ambos cónyuges trabajen en la misma empresa, y se traslada a uno de ellos, el otro tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de trabajo.

En los casos de desplazamiento del empleado, el empresario además de argumentar razones económicas, productivas, técnicas u organizativas, deberá abonar los gastos de viaje y las dietas. La notificación deberá hacerse con una antelación suficiente a la fecha de efectividad, no pudiendo ser inferior a 5 días laborales si el desplazamiento es superior a 3 meses. En los casos en los que el desplazamiento tenga una duración superior a 3 meses, el trabajador tendrá derecho a un permiso de 4 días laborales en su domicilio de origen cada 3 meses.

¿Cómo se ha de llevar a cabo una movilidad geográfica colectiva?

Cuando la movilidad geográfica afecte a la totalidad del centro de trabajo y siempre que afecte a más de 5 trabajadores, se deberá abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores no inferior a 15 días.

Cuando no afecta a la totalidad del centro de trabajo, pero en un periodo de 90 días comprenda a los siguientes números de trabajadores:

  1. 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores.
  2. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
  3. 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

Durante el periodo de consultas, ambas partes deberán debatir y exponer las causas que motivan la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias sobre los trabajadores, ambas partes deberán actuar de buena fé. Se deberá formar para ello, una comisión negociadora integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada una de las partes. la comisión representativa de los trabajadores deberá formarse antes del inicio del periodo de consultas, para ello, la dirección de la empresa deberá comunicar a los trabajadores o sus representantes su intención de iniciar el procedimiento, teniendo el plazo de 7 días desde la fecha de la comunicación para formar dicha comisión, excepto si en el centro de trabajo existe representante legal de trabajadores cuyo plazo será de 15 días.

Una vez finalizado el plazo, la empresa comunicará el inicio del periodo de consultas, no impedirá su inicio si no se ha constituido la comisión representativa de los trabajadores.

La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes se deberá comunicar a la autoridad laboral.

Para llegar a un acuerdo, se exige la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Finalizado el periodo de consultas, el empresario notificara a los trabajadores la decisión sobre el traslado, respetándose en todo caso los requisitos de notificación.

¿Qué alternativas tiene el trabajador afectado?

En los casos de movilidad geográfica individual, el trabajador podrá optar por la movilidad, teniendo derecho a percibir una compensación por gastos para él y su familia; optar por la extinción de su contrato con derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades, y en caso de no estar conforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. El Juez podrá declarar que el traslado está justificado o injustificado, en cuyo caso se deberá reconocer el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen. Para ello, el plazo que tiene el trabajador es de 20 días hábiles. En los casos de movilidad geográfica incidental el plazo es de 1 año. En este último caso, el trabajador deberá acatar la decisión y cumplir con la misma hasta que haya resolución del juzgado.

En los casos de movilidad geográfica colectiva, se podrá interponer demanda de conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. No obstante, la interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

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