Impago de Pensiones Alimenticias.

Delito de Abandono de familia.

La ley orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, regulada en la  SECCIÓN 3ª DEL CAPITULO III DEL TÍTULO XII del LIBRO II del CODIGO PENAL “del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”

El abandono de familia es un delito de omisión donde su tipo básico se encuentra regulado en el Articulo 226 del Código PenalEl que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años”.

Una modalidad del abandono familiar, se encuentra regulado en el artículo 227 del Código Penal, en la medida que castiga el incumplimiento de dar la prestación económica fijada anteriormente por sentencia judicial (bien divorcio, separación legal u convenio aprobado judicialmente, procedimiento de alimentos, etc) siempre y cuando la omisión sea de dos meses consecutivos o de cuatro meses no consecutivos.

Así las cosas, el Articulo 227 Código Penal dispone: El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del  matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”

La referencia de este tipo penal debe de ser completada por las leyes comunes, pues el Código civil regula las relaciones paterno filiales y matrimoniales, diversos artículos contemplan la obligación y deber de los padres a dar a sus hijos alimentos, como por ejemplo el Art. 154 del Código Civil dispone que los padres tienen el deber y la facultad de “ velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral” o su artículo 110 C.c, “el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.

Según la doctrina del Altísimo Tribunal, este tipo penal consiste en proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado a prestarlos conforme a resolución judicial o convenio judicialmente aprobado.

Ahora bien, no se está, sancionando el impago de una deuda, de una simple obligación civil, se está sancionando a quién deja desamparada a su familia y abandona los deberes derivados del matrimonio y de la paternidad.

Así las cosas, el Tribunal Supremo además recalca tres elementos constitutivos del delito de abandono de familia:

  1. La existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio;
  2. Una conducta omisiva por parte del obligado al pago consistente en el impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.
  3. Un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquélla impone.

Para poder analizar este tipo penal, hay que tener presente que el elemento subjetivo juega una gran importancia, el agente debe encontrarse ante una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, debe probar ante el Tribunal que se encontraba ante una situación de necesidad, que hizo el esfuerzo para responder con sus obligaciones, pero que le fue imposible debido a su situación económica (situación de encontrarse en prisión o bien carencia económica)

Sobre la carencia económica, hay que matizar que el mero hecho de posibles variaciones perjudiciales en la economía del obligado no da prueba plena para demostrar la no voluntariedad de la conducta típica, pues el tribunal de lo penal entiende que la prestación económica que se fijó en la Sentencia que obliga a una pensión alimenticia, fue fijada por los Tribunales Civiles, atendiendo a su economía, y que por tanto cualquier alteración en esa economía debe de ponerse de manifiesto ante el juez de lo civil, para modificar la cuantía, y en su caso reducirla si procede.